La Canacem interpone un amparo en San Luis Potosí y pide topar gravámenes estatales a la federación.
La industria cementera en México, donde operan empresas como Cemex, Holcim México y Cementos Moctezuma, enfrenta una disputa por impuestos ambientales impulsados por gobiernos estatales como San Luis Potosí y Nuevo León. La Cámara Nacional del Cemento (Canacem) interpuso un amparo en San Luis Potosí y solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, promover una ley federal que limite los cobros fiscales estatales.
José María Barroso Ramírez, presidente de la Canacem y director general de Cementos Moctezuma, advirtió que estos gravámenes se suman al impuesto federal existente, lo que eleva los costos de operación y presiona los precios. El precio del cemento ya registra un aumento anual de 6% debido al encarecimiento de los combustibles por conflictos internacionales.
El conflicto tiene como antecedente el caso de Zacatecas en 2017. Aunque el entonces presidente Enrique Peña Nieto promovió una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó posteriormente la constitucionalidad de la mayoría de esos impuestos verdes durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
La Canacem agrupa a empresas que operan 37 plantas en el país, las cuales generan más de 19.700 empleos directos y producen cerca de 47 millones de toneladas de cemento. Según la Federación Interamericana del Cemento (FICEM), México concentró cerca del 25% del consumo en América Latina y el Caribe en 2024 como segundo productor regional detrás de Brasil. El sector busca reducir sus emisiones de carbono un 17%, pasando de 629 kilogramos de CO2 por tonelada en 2016 a 520 kilogramos para 2030.
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