La SCJN atrae el amparo del presidente de GMD por el caso Aguakan

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció en agosto su facultad de atracción sobre un recurso de revisión promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Consejo de Administración de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), a petición del ministro Irving Espinosa Betanzo. El recurso combate una orden de aprehensión girada en contra del empresario, quien fungió como socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, razón social de Aguakan.

La orden de captura deriva de una investigación por presunto lavado de dinero iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), tras una denuncia del gobierno de Quintana Roo encabezado por la gobernadora Mara Lezama. La acusación cuestiona la prórroga de la concesión de agua autorizada en 2016 bajo la administración de Roberto Borge, que involucró una contraprestación de algo más de 1.055 millones de pesos mexicanos que las autoridades estatales presuntamente pagaron sin tener facultades para ello.

En la acusación presentada en 2025 ante un juez de control también figuran Diego José Ramos González de Castilla, expresidente del Consejo de Administración de GBM; Paul Andrew Rangel Merkley, exdirector general de Aguakan, y Enrique Rojas Blasquez, exconsejero de GBM. Tanto Rangel Merkley como Ballesteros Franco solicitaron juicios de amparo el 13 de marzo de 2025. El exdirector de Aguakan obtuvo protección judicial, pero el juzgador negó el amparo al presidente de GMD al estimar fundada la orden de captura.

Aguakan sostiene que la operación fue legal y que el gobierno estatal busca presionar a los accionistas para ceder la concesión y vender la empresa. Por otro lado, GMD enfrentó otro litigio ante la SCJN. El 28 de agosto, el tribunal confirmó en firme un crédito fiscal contra GMD correspondiente al ejercicio 2013 por 916,3 millones de pesos, asunto por el cual la compañía notificó a la Bolsa Mexicana de Valores que terminó pagando 1.085 millones de pesos mexicanos.